AMÉRICA LATINA: EL PLAN FISCAL DE MÉXICO

27 de septiembre del 2009 | por Bank of America - Merrill Lynch

Entre estímulos y preocupaciones estructurales

La crisis económica ha evidenciado las fortalezas y debilidades de la mayoría de las economías. En México, la fragilidad estructural de la recaudación del sector público ha probado ser una seria limitación para implementar medidas contracíclicas efectivas en el ámbito de política fiscal. El PIB de México mostrará la contracción más fuerte de América Latina en 2009 (BAS-ML: -6.8% anualizado). Globalmente, muchos países tendrán que recurrir al déficit fiscal debido a un incremento en el gasto como manera de atemperar los efectos de la fuerte desaceleración global. Sin embargo, el déficit proyectado para México en el 2010 provendrá de recaudaciones fluctuantes – debido a razones estructurales y cíclicas – y de una fuerte inercia de gasto (particularmente de estados y municipios).

De hecho, el gobierno mexicano ejercerá la clausula de excepción, contenida en la ley de responsabilidad fiscal, por primera vez desde su adopción en 2006. El gobierno presentó un plan para adquirir un déficit de 2.5% del PIB ($299.8 mil millones de pesos) en 2010, con la intención de regresar al equilibrio en 2010. La propuesta fiscal del Ejecutivo para 2010 busca dirigirse tanto a la recaudación como al gasto y, al parecer, evitar depender de la deuda aún más.

Gravar el ingresos más que consumo

Desde la perspectiva de recaudación, la propuesta de gobierno no se dirige a la conveniencia de un reajuste en el IVA, como tampoco se enfoca a eliminar los privilegios fiscales. Para incrementar la recaudación en un 1.4%, en términos reales, la propuesta se enfoca en ingresos no petroleros, principalmente confiando en el impuesto sobre la renta – tanto para individuos como para corporaciones, llegando a 30% desde el 28% previo – y en un gran conglomerado de impuestos a la producción (IEPS). En esta última, vale la pena recalcar 1) un nuevo impuesto de 4% en los servicios de telecomunicación y 2) un incremento de 3% en lugar del 2% previo, a los depósitos en efectivo, reduciendo la cantidad que se requiere para pagar este impuesto a $15,000 pesos de los $25,000 pesos previamente considerados.

El impuesto propuesto más sobresaliente es el llamado “impuesto contra la pobreza” como parte de un impuesto de 2% aplicado a todos los bienes y servicios, que se dirigirá a todos los programas gubernamentales (alimentos, salud, educación, empleo temporal e infraestructura básica) dirigidos hacia familias de escasos ingresos. Si se aprueba, este impuesto representará el paso más importante para mejorar la estructura de recaudación del sector público: el paso inicial para dirigirse hacia un impuesto generalizado al consumo. De no ser así, mayores ingresos y los impuestos a la producción implicarán una carga fiscal adicional a los contribuyentes cautivos, que afectan directamente los ingresos disponibles.

Ahorros…quizá no tanto

Los recortes al gasto parecen ser menos significativos de lo anunciado. El gobierno anunció una reducción de $218 mil millones de pesos (equivalentes a 1.8% del PIB) en gastos programables, consistiendo en 1) disminuir el techo del gasto público en $74.2 millones de pesos y 2) recortar el gasto del gobierno federal en $143.8 millones de pesos– la decisión anunciada de eliminar tres secretarías y llevar a cabo una serie de esfuerzos adicionales respecto al ahorro son parte de este recorte. A pesar de ello, esas reducciones fueron realizadas en los gastos presupuestados para 2009 (en lugar de aquellas que realmente se realizaron). De hecho, el gasto programable estimado está proyectado para crecer 1.3% en términos reales – a $2,372 mil millones de pesos en 2010, desde $2,233 mil millones de pesos en 2009 – de acuerdo a cifras en las directrices de política económica 2010. De igual forma, en el caso de la participación federal a estados y municipios, éstos están proyectados a incrementar 17.2% en términos reales. La fuerte inercia de gasto y la falta de mecanismos de disciplina fiscal más fuertes por parte del estado y del nivel municipal continuarán siendo fuentes de preocupación en 2010.

Deuda y precios de administración públicas, variables de ajuste

Mientras que avanza la discusión en el Congreso, aún vemos grandes posibilidades del gobierno por terminar recurriendo a mayor deuda y a precios administrados por el sector público como una forma de sobrepasar el reto fiscal de 2010. Ya sea que el Congreso le reste importancia a algunas de las medidas del Ejecutivo o que el gobierno no tenga la capacidad de contener la fuerte inercia de gasto, la deuda y los precios de administración pública parecen ser las principales variables de ajuste. Es por ello que el riesgo de una mayor inflación y de una renovada presión en las tasas locales incremente. La propuesta inicial considera un endeudamiento adicional por $60 mil millones de pesos (cerca del 0.5% del PIB en 2010 y de $40 mil millones en 2011, con el financiamiento proviniendo de fuentes tanto domésticas como externas (tanto bolsas de valores como Instituciones de Financiamiento Internacional). Sin embargo, mientras que el gobierno busca un techo en la deuda domestica neta, ligeramente menor en 2010 ($340 mil millones de pesos, contra los $380 mil millones en 2009), en cuestiones de la deuda externa, la propuesta se busca elevar el tope de la deuda a $8.0 mil millones de dólares en 2010, desde su nivel previo de $5.0 mil millones de dólares en 2009. Finalmente, en lo referente a las directrices de política económica para 2010, el gobierno mantiene una visión conservadora. La base de la estructura macroeconómica para 2010 está proyectando un crecimiento de 3% en el PIB y una tasa de inflación anual de 3.3% a finales del año. Previendo tasas de interés sin cambios (Cetes a 28 días en 4.50%) y un promedio de cambio entre el Dólar y el Peso de 13.80. De igual forma, está considerando un precio promedio de $53.9 dólares por barril para la mezcla mexicana de petróleo, durante el próximo año y un declive en la producción petrolera en plataforma de 4.7% (alrededor de 122,000 barriles diarios).

El Congreso tiene la decisión final

Considerando los retos fiscales que le deparan a México, la propuesta fiscal del ejecutivo puede ser considerada como un esfuerzo positivo. A pesar de ello, aún no presenta un serio intento para eliminar los privilegios fiscales y ampliar la base tributaria. Las agencias de calificación crediticia siempre han reconocido el compromiso de las autoridades financieras mexicanas dirigidas hacia la disciplina fiscal. Pero esto no ha sido, necesariamente, el caso cuando la rama legislativa entra en escena. En lugar de ello, creemos que una decisión sobre la calidad crediticia de México dependerá, al final, en la aprobación final de la propuesta, por parte del Legislativo, el 15 de noviembre. Es por ello que la propuesta del Ejecutivo debe ser considerada, solamente, como un punto de partida en el debate que tendrá lugar en el Congreso, durante los siguientes meses. Es ahí en donde se proyectará la mejora en la reforma de México (y la calificación crediticia) en el panorama económico a mediano y largo plazo.

Para referirse al reporte completo para más información y condiciones de uso.
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